Estos días se conmemora el veinte aniversario del encierro, durante doce días, de las ejecutivas de los Sindicatos Mineros, en el interior del Pozu Barredo. Con esta movilización se abrieron las puertas a una negociación, que hasta entonces el Gobierno de Felipe González negaba, para la supervivencia del sector y compensaciones económicas para un territorio castigado medioambientalmente y con serias dificultades para el asentamiento de actividades económicas diferentes al monocultivo del carbón.
No hay duda, sobre la importancia de tal acción reivindicativa, pues supuso no sólo evitar cierres y despidos traumáticos (a lo Margaret Thatcher en Inglaterra) sino también una muestra de solidaridad para con el territorio, que no tiene comparación con ningún otro sector productivo.
Hoy, el balance es desigual. En términos de empleo, actualmente tras sumarse la crisis internacional a la crisis del sector, nos encontramos en peores condiciones que entonces, pues el proceso ha conllevado la destrucción de dieciséis mil empleos en las minas de nuestras comarcas (hoy quedan unos dos mil trabajadores) y no ha habido capacidad de paliar esa sangría a través de un nuevo un tejido económico alternativo y estable. Esto también se refleja en una importante perdida de población a través de bajas tasas de natalidad y la emigración de los más jóvenes. Por otro lado, no cabe duda que los tres mil millones de Euros del primer plan (1998-2005) y los dos mil novecientos del segundo (2006-12) han tenido un importante impacto en la formación, las infraestructuras y servicios de las comarcas mineras, que han permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida. Y sin ellos, nos encontraríamos en peores condiciones, si cabe.
Las empresas cazasubvenciones, los sobrecostes en obras, la imposición de equipamientos sin consenso social y de dudosa utilidad, la falta de coordinación de las administraciones, la ausencia de control y planificación pública, y sobre todo la falta de complementariedad y el “café para todos” en municipios mineros y no mineros, le lleva a uno a tener la sensación de que lo ganado en las barricadas, se ha ido diluyendo en los despachos. Y ya muchos, por entonces, alertaban que dejar esa labor de reactivación a unos fondos a desarrollar en el tiempo, en manos de gobiernos que anteponen los intereses partidistas a los generales, podría vaciar de contenido los acuerdos alcanzados a través de la lucha.
Ante las intenciones de liquidar de manera definitiva la minería del carbón en el 2018, debemos de hacer un frente común para evitarlo, y no cabe negociación alguna ya. Es una decisión que le corresponde a España y que la UE no impone. Es una actividad que sigue cohesionando las comarcas mineras, y un sector estratégico para el Estado.
No hay duda, sobre la importancia de tal acción reivindicativa, pues supuso no sólo evitar cierres y despidos traumáticos (a lo Margaret Thatcher en Inglaterra) sino también una muestra de solidaridad para con el territorio, que no tiene comparación con ningún otro sector productivo.
Hoy, el balance es desigual. En términos de empleo, actualmente tras sumarse la crisis internacional a la crisis del sector, nos encontramos en peores condiciones que entonces, pues el proceso ha conllevado la destrucción de dieciséis mil empleos en las minas de nuestras comarcas (hoy quedan unos dos mil trabajadores) y no ha habido capacidad de paliar esa sangría a través de un nuevo un tejido económico alternativo y estable. Esto también se refleja en una importante perdida de población a través de bajas tasas de natalidad y la emigración de los más jóvenes. Por otro lado, no cabe duda que los tres mil millones de Euros del primer plan (1998-2005) y los dos mil novecientos del segundo (2006-12) han tenido un importante impacto en la formación, las infraestructuras y servicios de las comarcas mineras, que han permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida. Y sin ellos, nos encontraríamos en peores condiciones, si cabe.
Las empresas cazasubvenciones, los sobrecostes en obras, la imposición de equipamientos sin consenso social y de dudosa utilidad, la falta de coordinación de las administraciones, la ausencia de control y planificación pública, y sobre todo la falta de complementariedad y el “café para todos” en municipios mineros y no mineros, le lleva a uno a tener la sensación de que lo ganado en las barricadas, se ha ido diluyendo en los despachos. Y ya muchos, por entonces, alertaban que dejar esa labor de reactivación a unos fondos a desarrollar en el tiempo, en manos de gobiernos que anteponen los intereses partidistas a los generales, podría vaciar de contenido los acuerdos alcanzados a través de la lucha.
Ante las intenciones de liquidar de manera definitiva la minería del carbón en el 2018, debemos de hacer un frente común para evitarlo, y no cabe negociación alguna ya. Es una decisión que le corresponde a España y que la UE no impone. Es una actividad que sigue cohesionando las comarcas mineras, y un sector estratégico para el Estado.
