A mediados de los años noventa,
coincidiendo con los procesos de reconversión de la minería española,
comenzaban a consolidarse las multinacionales del carbón estadounidense en
Colombia. Lo que en un principio fue motivo de alegría para el pueblo, pronto
se torno, hasta el punto que la explotación del mineral los expulsa de su
tierra.
Un testimonio es el recogido por la Delegación Asturiana
que visitó el departamento del Cesar
este año, donde el gigante financiero Goldman Sachs tiene en propiedad la mina La Francia , allí los
trabajadores les contaron: “Queremos que
en Asturias sepan que este carbón que llega desde Colombia a El Musel se saca
en condiciones que violan los derechos humanos y laborales”.
Llevan más de cinco meses en
conflicto, han despedido a 450 trabajadores por querer organizarse
sindicalmente. Les adeudan salarios, cotizaciones, horas extras… Desarrollan su
labor sin ningún tipo de seguridad y muchos con enfermedades profesionales,
hasta que se mueren en la más absoluta desprotección. La solución de la
autoridad laboral, ha sido ni más ni menos que militarizar la mina. Es un país en el
que son innumerables las amenazas, atentados y asesinatos de dirigentes
sindicales
Asociado a ello, los daños
medioambientales y la contaminación es brutal, e incluyen como “solución” el
traslado forzoso de poblaciones enteras.
Por ello, el carbón que se
comercializa a las eléctricas desde Gijón, esta manchado de sangre. Porque una
sociedad democrática no puede mirar hacia otro lado, en un mundo en el que se
han globalizado los mercados, las finanzas, las comunicaciones,… pero no, los
derechos laborales.
Quiero exprésales nuestra más firme
solidaridad, no están solos. No sólo porque los trabajadores/as que conocemos
su situación la sentimos como en carne propia. Sino también porque son los
mismos, los que a ellos les quitan la vida y a nosotros el empleo. Ya que es
ese el carbón de importación que se vende aquí para cerrar nuestras minas.
Aquel salé más barato en sus cuestas de resultados, simplemente porque lo
roban, al no pagar ni compensar los daños que produce su explotación.
El Gobierno de Asturias no sólo
puede buscar negocios comerciales en Colombia sino que también debe de mediar
en la defensa de los derechos humanos, y en este caso, pedir al Ministerio de
Trabajo colombiano que intervenga para buscar una solución al conflicto.
jmzapico@asturias.ccoo.es